Pronunciamiento sobre la financiación de las Universidades Públicas

El Consejo Nacional de Rectores


En atención al escrito ‘Financiación de las Universidades Públicas: Un debate necesario’ escrito por la Dra. Cecilia María Vélez White, Ministra de Educación Nacional, y que se publicó en el diario El Tiempo el pasado sábado 7 de noviembre, el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal -SUE-, en reunión del 5 de noviembre de 2009 con la señora Ministra y en la que se analizó la situación financiera de las Universidades Públicas, dejó clara su posición con respecto a la situación financiera de nuestras instituciones; hoy se hace necesario que la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto conozca nuestra posición, con la certeza de que será compartida por los argumentos que la sustentan, de igual manera como el Congreso de la República supo ponderar la Carta Abierta enviada al señor Presidente de la República y  a los Honorables Senadores y Representantes, y que se publicó en los diarios de circulación nacional el pasado 20 de septiembre de 2009, al hacer incluir en el presupuesto de la Nación, con el aval del Gobierno Nacional, la suma de $70.000 millones adicionales para las Universidades Públicas en el Presupuesto del 2010.

 

En dicha reunión, y después de un debate por cerca de 4 horas sobre los criterios a tener en cuenta para la distribución de los recursos frescos logrados en el presupuesto vigencia 2010, consideramos que va a ser muy difícil conciliar las cifras construidas por el SUE con las que maneja el MEN, esto debido a que no hay consistencia en la argumentación presentada por la Ministra, dado que unas veces toma como referente el periodo 2003 – 2008, específicamente cuando se refiere al crecimiento de la cobertura en nuestras Universidades, en el que reconoce que las Universidades Públicas aumentaron la cobertura en este periodo en un 30%; sin embargo, cuando va a hablar del crecimiento en los recursos reales nos devuelve al año 1993, es decir 10 años atrás, para afirmar que con respecto al 1992 las transferencias de la Nación han crecido un 47%, dando a entender que en el periodo comprendido entre 1993 y el 2003 las Universidades Públicas permanecieron estáticas. A la fecha de aprobación de la Ley 30, las Universidades Públicas apenas llegaban a 200.000 estudiantes y hoy están bordeando los 600.000; es decir, se ha crecido en un 300% frente a un 47% de crecimiento real en los recursos.

 

A partir del 2003, año límite que establece la Ministra para sustentar su propuesta para distribuir los $70.000 millones, el crecimiento real en los ingresos para las universidades públicas no ha correspondido con el esfuerzo de éstas para atender una mayor población de colombianos. En el informe social de la Contraloría General de la República, presentado ante la opinión pública el 25 de noviembre pasado, en el campo de la educación superior muestra de manera contundente esta situación. Por lo tanto, consideramos que para todos los efectos, el periodo de referencia para los cálculos y comparaciones debe ser desde 1993, año en el cual entró en vigencia la Ley 30 de 1992.

 

Las Universidades Públicas en conjunto estamos pidiendo recursos frescos, porque ya no hay más espacio para girar contra la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios que ofrecemos, y además porque para sostener el importante y significativo crecimiento experimentado en el Sistema Universitario Estatal, se deben compensar los gastos crecientes que se han asumido y que no compensan los ingresos reales. En este momento no se está hablando de crecer más, se está hablando de sostener lo que se ha crecido, es decir, hacer viable la Universidad Pública en el país. Para estimular este crecimiento, el Gobierno Nacional debe apropiar otros recursos diferentes a los logrados en el Presupuesto Vigencia 2010.

 

El desfinanciamiento de las Universidades Públicas es estructural, y está representado fundamentalmente  en el pago de los salarios de los docentes, reglamentados por normas como los Decretos 1444 de 1993 y 1279 de 2002, que nunca previeron la fuente para su financiación,  así como en los gastos institucionales, es decir en el funcionamiento, los cuales crecen más allá de los ingresos reales.  Es de aclarar que tanto los $42.000 millones, antes asignados al ICFES, del presupuesto de  las mismas Universidades, para adelantar actividades de Fomento a la Educación Superior, como los $70.000 millones aprobados por leyes del Congreso con el aval del Gobierno Central, y que valoramos con franqueza, deben atender a esta realidad, la planteada por el Consejo Nacional de Rectores del SUE. No son suficientes los $42.000 millones, tal como afirma la Ministra en el artículo publicado en el diario El Tiempo antes mencionado.

 

Hay diferencias en las cifras y en la interpretación de éstas, por supuesto, no todos los ingresos de las Universidades en una vigencia son propiedad de éstas y los que lo son, no todos son de libre destinación. El análisis de la realidad financiera de las Universidades no puede reducirse al estado de resultados a los que se refiere el Ministerio para sacar conclusiones y de allí lanzar propuestas; hay que ir más allá, y eso es lo que queremos analizar en los próximos días con la comisión que el Ministerio designe. Aceptamos el debate que propone la señora Ministra y lo daremos como corresponde, con respeto, altura y con firmeza en el marco de la autonomía universitaria que nos asiste constitucionalmente.

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